III - El desmoronamiento del Estado de Derecho

Frente a la agresión de raíz internacional que hemos descripto y que ha sumido a nuestra población en la inseguridad y el desconcierto, los poderes del Estado –debatiéndose en el falso dilema "represión sangrienta" vs. "manos de seda"– no han articulado una respuesta adecuada para restablecer la paz y el orden.

No solamente un falso dilema atrapa a las más altas autoridades del Estado. El Gobierno justifica su inacción sistemática, basado en la idea ingenua de que el transcurso del tiempo y el apoyo a los sectores considerados "blandos" y "dialogantes" del movimiento piquetero -por oposición a los denominados "violentos" o "infiltrados"- terminará resolviendo la situación.

Sorprende tal postura en un asunto de tanta gravedad y cuya urgente solución es reclamada a gritos por el país, en una gestión de gobierno que se caracterizó, desde sus inicios, por el llamado estilo "K."
Con una rapidez fulminante, fueron descabezadas las cúpulas militares y policiales; se modificó la composición de la Corte Suprema de Justicia; se intervino desde el Poder Ejecutivo Nacional en las sucesivas elecciones provinciales; se consiguió articular un apoyo legislativo que nadie preveía; se buscó, en base a giras internacionales, el apoyo de los líderes de los principales países del mundo y de la región...

¿Por qué entonces tanta paciencia y prudencia para resolver este tema, tanto comedimiento, tanto titubeo, tantas marchas y contramarchas y sobre todo un manejo de los tiempos tan diferente?

Si las autoridades escaparan de estos falsos dilemas y de la equivocada apreciación de la realidad, podrían recurrir a la simple aplicación de las herramientas existentes en nuestra legislación para crear las condiciones que permitan restablecer la normalidad y encarar lassoluciones de fondo del problema social.

Una de las funciones esenciales del Estado es la de salvaguardar la seguridad y el orden público, sin lo cual la población no puede ejercer sus derechos ni desarrollar en plenitud y libertad sus actividades. Entonces, cómo no preguntarse: ¿el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad que omitieren, rehusaren hacer o retardaren algún acto de su oficio, no faltan a sus deberes de funcionario público? ¿acaso deben acatar algún tipo de "obediencia debida"?